martes, 26 de octubre de 2010

Boicot jornadas trabajo sobre biodiversidad

Ecologistas en Acción boicotea las jornadas de trabajo sobre biodiversidad.

Ecologistas en Acción ha realizado esta mañana una acción de protesta ante la delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que presentaba en Málaga, el documento borrador de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, dentro de las jornadas de trabajo sobre biodiversidad.

De 2010-10-26 ACCION JUNTA DE ANDALUCIA BIODIVERSIDAD


Para Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía mantiene una actitud hipócrita y contradictoria, al organizar estar jornadas de trabajo sobre biodiversidad, cuando sus últimas acciones políticas van encaminadas a lo contrario, como demuestra en la actualidad el proyecto de Decreto que pretende abrir los parques naturales a la especulación y corrupción urbanística.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha remitido una denuncia contra la Junta de Andalucía a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión de las Comunidades Europeas por el manifiesto incumplimiento del derecho comunitario que protege a 23 de los 24 parques naturales de Andalucía, parques a los que la Consejería de Medio Ambiente (CMA) pretende reducir su protección imponiendo los planes urbanísticos (PGOU) de los municipios por encima de las normas de protección de estos espacios naturales, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).

De 2010-10-26 ACCION JUNTA DE ANDALUCIA BIODIVERSIDAD


En su denuncia, Ecologistas en Acción de Andalucía expone los trámites que está realizando la CMA para imponer este Decretazo, eufemísticamente denominado “Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen general para la planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos”, que viene a abrir los parques naturales a la especulación urbanística.

Esta desprotección afectaría a los 24 parques naturales andaluces, de los que 23 están declarados por la Unión Europea (UE) Lugar de Interés Comunitario (LIC) y 21 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

En la denuncia se advierte a las autoridades comunitarias que mediante este Decreto el Gobierno andaluz pretende incluir cambios sustanciales en la normativa de estos espacios LIC y ZEPA, y en sus instrumentos normativo de planificación (PORN y PRUG), con el objetivo de rebajar el nivel de protección de estos espacios naturales debido a la presión ejercida por empresarios y alcaldes que pretenden “relajar” las normas de construcción de viviendas y equipamientos turísticos en los parques naturales. La modificación normativa de mayor alcance es la pretensión de modificar el nivel de prevalencia entre la normativa de protección de los parques naturales (PORN y PRUG) y los planes urbanísticos de los municipios incluidos en estos espacios protegidos, lo que vulnera la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que es una norma básica estatal de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas.

Este Decreto vulnera varias directivas comunitarias, como son la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y las Directivas 79/409/CEE y 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres, así como la DECISIÓN 2006/613/CE de la Comisión Europea por la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

De 2010-10-26 ACCION JUNTA DE ANDALUCIA BIODIVERSIDAD


Por otro lado, la reciente Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, insta al Gobierno andaluz a modificar dicho Decreto por entender que vulnera “El Título primero de la Constitución y el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente sobre el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable y sobre el derecho a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad; que son Administraciones públicas de Andalucía las que ostentan competencias en la materia; y que podría verse infringido el artículo 18 de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad…”.

El Defensor del Pueblo destaca en su Resolución que “Enjuiciamos como inapropiada para la protección del medio ambiente una regulación como la pretendida, habida cuenta la ingente presión urbanística que en la actualidad se cierne sobre los espacios naturales de nuestra región”.
Un expediente contra la Junta de Andalucía por esta evidente infracción del derecho comunitario podría conllevar no solo la obligación de modificar dicho Decreto, sino el bloqueo de la financiación comunitaria a planes que se desarrollan en los parques naturales, como son los proyectos LIFE e INTERREG.

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