El modelo económico neo-liberal, altamente criticado por muchas organizaciones sociales (entre ella Ecologistas en Acción), ha generado la crisis económica en la que nos vemos inmersos. El crecimiento financiero, disociado de la producción real, ha generado una gran burbuja que ha estallado en la cara de los ciudadanos, víctimas del sistema, pero también (aunque no todos) cómplices durante todo este tiempo, deseosos de recoger las migajas de la especulación (plasmada la demanda de empleo del sector servicios y de la construcción) y del aumento supuestamente indefinido del valor de sus patrimonios inmobiliarios. Esta crisis financiera ha alcanzado el propio tejido productivo generando, en el caso de España, tasas de desempleo superiores al 18%.
Como respuesta a la crisis, los gobiernos de los países más poderosos han optado por la fórmula de la “refundación del capitalismo”. En el supuesto giro han dejado atrás la ideología neo-liberal, dominante en estos últimos años en todos los gobiernos de occidente, incluyendo España (independientemente del partido gobernante) y se han sumado a la reposición de un keynesianismo de nuevo cuño. De esta forma el estado ha vuelto a intervenir sobre la economía (un sacrilegio según los neo-liberales económicos). Sin embargo sus primeras medidas no han sido de salvación de las masas trabajadoras en paro, sino de auxilio a los bancos, es decir, han beneficiado a aquellos que han generado el problema. Evidentemente, esto solo servirá para que los bancos, acogiéndose a sus principios (entiéndase del máximo beneficio) sigan generando burbujas especulativas que seguirán estallando, aunque esta vez sea en las arcas del estado donde se cree el agujero. Por otra parte, la política presupuestaria del gobierno parece encaminarse hacia el fomento del empleo mediante el aumento de la inversión pública directa. Dicha acción favorecerá las infraestructuras de comunicación (trenes de alta velocidad y autovías) e incentivará la industria automovilística, reconvertida en industria “ecológica” con la fabricación de nuevos automóviles híbridos, eléctricos o de bajo consumo. Tampoco se descarta la reactivación del sector inmobiliario con la construcción de nuevas viviendas, esta vez de protección oficial. Con estas medidas se pretende reactivar la economía reduciendo las tasas de paro.
Si bien estas medidas pueden tener un efecto beneficioso en la creación de empleo, no solventará la gran demanda de empleo actual, pero además tendrá un efecto colateral nada deseable a corto y largo plazo: la destrucción de recursos y del medio ambiente. El keynesianismo, al igual que el neo-liberalismo, cree que para el desarrollo y bienestar de la sociedad es necesario un crecimiento económico, es decir un aumento continuado de la capacidad de consumo. Sin embargo la generación de riqueza (materializada en bienes de consumo) solo es posible mediante la transformación de los recursos naturales por las fuerzas del trabajo y el uso de la tecnología. Evidentemente en esta ecuación hay algo que falla: los recursos son finitos, por lo que la asociar bienestar a crecimiento económico supone a largo plazo una gran falacia.
En Andalucía se está siguiendo la misma política económica. Muestra de ello es la modificación de la Ley de espacios naturales, cuyo objetivo es la reactivación de la economía rural relajando las restricciones de ocupación de suelo, lo que traerá una degradación de los espacios naturales. Este es un ejemplo de cómo se considera a la preservación del patrimonio natural como antagónica al concepto de desarrollo (entendiéndose como sinónimo de crecimiento).
El ecologismo siempre ha mantenido una postura de defensa de los recursos y espacios naturales frente a la depredación desarrollista, no sin problemas. Cuando nos hemos opuesto a una determinada actividad económica destructiva de los recursos naturales siempre nos han acusado de no pensar en las personas. “Las personas antes que los patos” rezaba una pancarta de los antiguos trabajadores de las minas de Boliden, en un mensaje indirecto hacia las administraciones y los propios movimientos ecologistas. El tiempo ha confirmado que para Boliden no eran importantes ni los patos ni las personas. Actualmente esos trabajadores carecen de su empleo en Boliden, y las indemnizaciones por el daño causado no han sido cubiertas. Siempre que hay una queja ecologista sobre un proyecto sale el fantasma del paro, o de la cantidad de puestos de trabajo que no se van a crear si se atiende a nuestras demandas. Los ecologistas siempre somos los culpables de que los pueblos no se “desarrollen”. Nos oponemos a los campos de golf, a los puertos deportivos, a las canteras, a las autovías…. Todas estas actividades mueven la actividad económica y generan puestos de trabajo. Por lo menos eso es lo que ve de una forma primaria el ciudadano de a pie, instigados a su vez por empresarios, administraciones y medios de comunicación. Con esa percepción no es de extrañar que se vea a la naturaleza y a los que la defienden como enemigos de los trabajadores. Nada más lejano de la realidad.
Desde el ecologismo se considera que bienestar y preservación de la naturaleza no sólo son compatibles, sino necesarios, porque el bienestar humano no puede entenderse sin unas relaciones armónicas con el medio que lo sustenta.
Frente a la irrealidad de los que creen en la religión del libre mercado, el ecologismo pone los pies en la Tierra y plantea que para la superación de la crisis hace falta eliminar de raíz el objetivo irracional de crecimiento ilimitado. La economía debe tener presente los mecanismos y leyes con los que se gobiernan los ecosistemas, debe tener presente conceptos como capacidad de carga y principios como los de la Termodinámica. Necesitamos una nueva economía ecológica basada en el conocimiento de las leyes naturales, la autocontención, la racionalidad y la distribución equitativa de las riquezas, garantizando unos niveles mínimos de bienestar para todos los habitantes de este planeta.
El concepto de decrecimiento
El decrecimiento es una corriente de pensamiento fundada en el simple hecho de la imposibilidad de mantener una economía siempre expansiva, que tiende al crecimiento ilimitado, en un planeta con recursos naturales limitados. Implicaría un profundo cambio de sistema económico, productivo, ético y social. Los lemas son “menos para vivir mejor” y “aprende a vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir” (también se puede aplicar la frase “no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita”). El decrecimiento es una consecuencia lógica de la aplicación de los criterios de sostenibilidad en el mundo sobre-desarrollado.
El decrecimiento debe ser anticapitalista, ya que el capitalismo implica, además de la concentración de riqueza entre cada vez menos personas, la idea de crecimiento ilimitado como vía para contrarrestar los fenómenos de exclusión que genera esa acumulación de riquezas. No podemos preocupados en exclusiva por los dramáticos problemas medioambientales y alejarnos de la contestación económica y social tradicional al capitalismo, que son los causantes del problema. Hoy en el norte desarrollado, a principios del siglo XXI, no es imaginable un proyecto anticapitalista que no esté basado en criterios de sostenibilidad ecológica y por tanto decrecentista.
La visión dominante en las sociedades opulentas sugiere que el crecimiento económico es la panacea que resuelve todos los males. A su amparo (se nos dice) la cohesión social se asienta, los servicios públicos se mantienen y el desempleo y la desigualdad no ganan terreno. Sobran las razones para recelar, sin embargo, de todo lo anterior. El crecimiento económico no genera (o no necesariamente) cohesión social, provoca agresiones medioambientales en muchos casos irreversibles, propicia el agotamiento de recursos escasos que no estarán a disposición de las generaciones venideras y, en fin, permite el triunfo de un modo de vida esclavo que invita a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos.
En EE UU, donde la renta per cápita se ha triplicado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1960 se reduce, sin embargo, el porcentaje de ciudadanos que declaran sentirse satisfechos. En 2005 un 49% de los norteamericanos estimaba que la felicidad se hallaba en retroceso, frente a un 26% que consideraba lo contrario. Muchos expertos concluyen, que el incremento en la esperanza de vida al nacer registrado en los últimos decenios bien puede estar tocando a su fin en un escenario lastrado por la obesidad, el estrés, la aparición de nuevas enfermedades y la contaminación.
Debemos reducir la producción y el consumo porque vivimos por encima de nuestras posibilidades, porque es urgente cortar emisiones que dañan peligrosamente el medio y porque empiezan a faltar materias primas vitales. Pero eso no es suficiente, es preciso reorganizar nuestras sociedades sobre la base de otros valores que reclamen el triunfo de la vida social, del altruismo y de la redistribución de los recursos frente a la propiedad y al consumo ilimitado. Hay que reivindicar, en paralelo, el ocio frente al trabajo obsesivo, como hay que postular el reparto del trabajo, una vieja práctica sindical que, por desgracia, fue cayendo en el olvido. Otras exigencias ineludibles nos hablan de la necesidad de reducir las dimensiones de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, y de primar lo local frente a lo global en un escenario marcado por la sobriedad y la simplicidad voluntaria. Lo primero que las sociedades opulentas deben tomar en consideración es la conveniencia de cerrar la industria militar, la automovilística, la de la aviación y en buena parte de la de la construcción. Los millones de trabajadores que, de resultas, perderían sus empleos deberían encontrar acomodo a través de dos grandes cauces. Si el primero lo aportaría el desarrollo ingente de actividades en los ámbitos relacionados con la satisfacción de las necesidades sociales y medioambientales, el segundo llegaría de la mano del reparto del trabajo en los sectores económicos tradicionales que sobrevivirían.
La reducción de la jornada laboral podría llevar aparejada, reducciones salariales, siempre y cuando éstas no lo fueran en provecho de los beneficios empresariales. La ganancia de nivel de vida que se derivaría de trabajar menos, y de disfrutar de mejores servicios sociales y de un entorno más limpio y menos agresivo, se sumaría a la derivada de la asunción plena de la conveniencia de consumir, también, menos, con la consiguiente reducción de necesidades en lo que a ingresos se refiere. El decrecimiento no implicaría, para la mayoría de los habitantes, un deterioro de sus condiciones de vida. Antes bien, debe acarrear mejoras sustanciales como las vinculadas con la redistribución de los recursos, la creación de nuevos sectores, la preservación del medio ambiente, el bienestar de las generaciones futuras, la salud de los ciudadanos, las condiciones del trabajo asalariado o el crecimiento relacional en sociedades en las que el tiempo de trabajo se reducirá sensiblemente.
Hay que decrecer voluntaria y racionalmente ya, si no tendremos que hacerlo obligados como consecuencia del hundimiento del sistema por la crisis económica y social que padecemos.
Algunas propuestas concretas
Con estas premisas podemos plantear a la ciudadanía y a las administraciones una serie de propuestas encaminadas a la superación de la crisis que difieren en objetivos y métodos a las recetas clásicas del liberalismo económico, ideología (y no ciencia) que nos ha llevado a la situación actual. A continuación se recogen algunas propuestas abiertas al debate:
1. Derecho efectivo al trabajo, tal y como lo marca el artículo 35 de la Constitución. Eso supone que las administraciones tendrán que orientar la economía con el objetivo de pleno empleo. Sin embargo, no todo puesto de trabajo es aceptable. El empleo promovido por las administraciones debe tener como objetivo una sociedad sostenible, solidaria y pacifista. No queremos la creación de empleo a costa de la degradación del medio ambiente.
- Creación de una “bolsa social de empleo”. Es decir, la creación de trabajo gestionado por las administraciones o por sectores públicos, para aquellas personas que estén en demanda de empleo. Estos trabajos deben garantizar al menos el salario mínimo. Así mismo deben ser empleos que posean una finalidad socio-ambiental y que no necesiten elevadas inversiones en infraestructuras o maquinarias. Algunos ejemplos: educadores, mantenimiento de zonas verdes, vigilancia ambiental, asistencia a discapacitados, servicios de salud preventiva, etc.
- Creación de un sistema continuo de formación de trabajadores en paro. Estos cursos de formación tendrían como misión el reciclaje de aquellos trabajadores de sectores productivos obsoletos o perjudiciales para el medio ambiente o para la sociedad. Fundamentalmente orientado a reciclar toda la masa de trabajadores dedicados a la construcción. Este periodo de formación también debería computarse como jornada laboral y por tanto también debería ser pagado a los trabajadores.
- Reparto del empleo. Jornada laboral equivalente a 35 horas semanales (o segundo mes de vacaciones) y promoción de la reducción voluntaria de jornada y la media jornada. A medio plazo esa jornada laboral podría reducirse a un equivalente a 30 horas semanales.
2. Cambio en las prioridades presupuestarias y fiscales.
- Eliminar las ayudas e inversiones a tejidos productivos insostenibles, desviando esas ayudas a otros sectores compatibles con los criterios de sostenibilidad.
- Sectores de reducción presupuestaria: defensa, construcción, gastos suntuosos de representación institucional y mantenimiento de la Jefatura del Estado, infraestructuras relacionadas con el automóvil, trenes de alta velocidad, construcción de puertos deportivos y aeropuertos, etc.
- Sectores de incremento presupuestario: inversiones y ayudas a la agricultura ecológica, inversiones en energías renovables, eficiencia energética, reconversión del tejido productivo para acercarlo a criterios de sostenibilidad, transporte público: red de ferrocarriles de alta eficiencia energética, prevención de incendios forestales, educación, sanidad preventiva, política fiscal fuertemente progresiva, fiscalidad ecológica, aumento del IVA en artículos de lujo (innecesarios) y disminución del IVA a artículos básicos, ayudas para el alquiler y la primera vivienda, y fuerte impuesto disuasorio para la segunda vivienda y viviendas vacías.
3. Política internacional y emigración.
- Apoyo de las redes de distribución y consumo de productos de Comercio Justo.
- Fomento de la creación de puestos de trabajos dignos en los lugares de origen. Facilitar la soberanía alimentaria de los países empobrecidos.
- Prohibir la entrada de alimentos transgénicos, ya que este tipo de cultivo está controlado por multinacionales que secuestran de facto tierras y recursos al pequeño y mediano campesino.
- Política activa en defensa de la paz internacional. No hay paz sin justicia social. El envío de tropas de ocupación, además de un atentado contra la paz, supone un ingente gasto de recursos pagados por todos.
4. Política energética
- Creación de consorcios públicos para la producción gestión de energías renovables.
- Cierre de las centrales nucleares
- Política de ahorro y eficiencia energética en hogares y empresas.
Coordinador Ecologistas en Acción Málaga.
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