En estos días se ha estado exponiendo el Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES). Una ley que pretende cambiar el paso de la economía española, aprovechando que ahora lo tiene detenido en seco por la crisis financiera. Para algunos observadores esta ley es un nuevo conejo que saca nuestro presidente de su chistera. Pero no es así, es el producto de un grupo de élite (laboratorio de ideas que se dice ahora) que ha estado imaginando un marco normativo general para impulsar un cambio drástico en la economía española. La intención parece loable, otra cosa es si es aceptable tanto en el fondo como en la forma.
Empecemos por la forma, porque es fundamental y condiciona todo lo demás. Una vez más el legislador cae en la ingenuidad de intentar promover cambios sustanciales en la sociedad (y más aún, en el sistema productivo) a golpe de ley. Es una vieja ilusión de la Ilustración, que se basa en la creencia de que lo que está bien en el papel, tiene que funcionar en la realidad. Un cambio de las características que implica el adjetivo “sostenible” jamás se va a lograr con una ley de un gobierno. Una cambio revolucionario como el giro de nuestra actual economía liberal o de mercado hacia el una economía basada en los principios del desarrollo sostenible supone cambios demasiado profundos como para ser aceptados sin más, incluso en el supuesto, imposible, de que contara con el apoyo de todos los parlamentarios. Un cambio de estas características necesita un proceso de años de ajuste, una labor de persuasión o convencimiento y, sobre todo, con un amplio despliegue social que recoja y dé respuestas a todas las dudas e inquietudes que lógicamente despertará en la población. En este minuto cero del inicio del cambio, lo que debería impulsarse es un gran debate nacional hasta el último de los ciudadanos. Y por supuesto que esto debe ser favorecido con el impulso de una clase política convencida.
La mejor prueba de que las cosas no se están haciendo bien es el hecho de que lo único que ha trascendido de la exposición del Anteproyecto es precisamente lo que menos relación tiene con la sostenibilidad y que por tanto es un parche en este contexto: la famosa disposición adicional primera sobre los derechos de autor y las consecuencias en internet, que ha movilizado a blogueros e internautas hasta hacer tambalear al propio gobierno. Si éste es el único músculo social que ha movido el anteproyecto, es porque las cosas no se están haciendo bien. Los pronunciamientos fundamentados sobre la ley son tan escasos que revelan una escasa recepción y comprensión por parte de la sociedad. Para la mayor parte de la población, incluida la clase política, la sostenibilidad sigue siendo una entelequia, un sin sentido y probablemente no sea éste el mejor momento de plantear estas cuestiones de forma vertical cuando lo urgente ahora para muchísimas familias es cómo lograr salir adelante. En cambio, el momento sí es clave para empezar el debate de una manera más horizontal y sosegada, sin los apremios de la supervivencia.
Y si nos vamos al fondo de la Ley, pues no convence. No es que sean despreciables muchos de sus apartados relativos a aspectos tan deseables como los cambios hacia modelos energéticos renovables y eficientes, la ruptura con el monopolio económico del sector de la construcción (que tanto daño nos ha hecho, pese a las lógicas declaraciones contrarias de los constructores), y reconducirlo hacia la rehabilitación y el fomento del alquiler frente a las eternas hipotecas, la apuesta por la innovación, etc.
El problema es tratar de mezclar el agua con el aceite. Tratar de impulsar una economía sostenible en el marco de una economía liberal. Porque la sostenibilidad no puede desarrollarse con enfoques tales como el “impulso de la competitividad en el marco internacional”, porque esta apuesta supone ignorar un principio básico de la sostenibilidad: la finitud de los recursos naturales. Como tampoco se sostiene que una ley de estas características pretenda impulsar las grandes infraestructuras, con todo lo que esto supone de apuesta por el transporte de largo recorrido y de velocidad, y los costes ambientales que conlleva en cuanto a la destrucción de hábitats y biodiversidad, contaminación y sus efectos en el cambio climático, etc. O que junto al impulso de las energías renovables se acentúe la explotación del carbón, o no se plantee el cierre de ni una sola central térmica, y así sucesivamente.
En conclusión, alabando que por fin se decida un gobierno a entrar en la espiral de la sostenibilidad, lamentamos que este anteproyecto sea más bien un collage, una mezcolanza de disposiciones de diferente enfoque, unas más cercanas a los principios de sostenibilidad, otras más a las tesis del mercado libre y global, que difícilmente pueden conciliarse. Tal pareciera que los componentes del equipo redactor no hubieran partido de una concepción consensuada acerca de lo que es el desarrollo sostenible y sus propuestas se hubieran juntado sin más en forma de Anteproyecto, como si de una colcha de parches se tratara. El resultado es una molesta impresión de que lo único que parece preocupar es lograr un “crecimiento sostenido”. Pero esto es lo que han estado haciendo los integristas de la economía neoliberal, los que han puesto al mundo al borde de la ruina y los que intentarán seguir pese a ello, aunque sea disfrazados con la piel del cordero de la sostenibilidad.
Empecemos por la forma, porque es fundamental y condiciona todo lo demás. Una vez más el legislador cae en la ingenuidad de intentar promover cambios sustanciales en la sociedad (y más aún, en el sistema productivo) a golpe de ley. Es una vieja ilusión de la Ilustración, que se basa en la creencia de que lo que está bien en el papel, tiene que funcionar en la realidad. Un cambio de las características que implica el adjetivo “sostenible” jamás se va a lograr con una ley de un gobierno. Una cambio revolucionario como el giro de nuestra actual economía liberal o de mercado hacia el una economía basada en los principios del desarrollo sostenible supone cambios demasiado profundos como para ser aceptados sin más, incluso en el supuesto, imposible, de que contara con el apoyo de todos los parlamentarios. Un cambio de estas características necesita un proceso de años de ajuste, una labor de persuasión o convencimiento y, sobre todo, con un amplio despliegue social que recoja y dé respuestas a todas las dudas e inquietudes que lógicamente despertará en la población. En este minuto cero del inicio del cambio, lo que debería impulsarse es un gran debate nacional hasta el último de los ciudadanos. Y por supuesto que esto debe ser favorecido con el impulso de una clase política convencida.
La mejor prueba de que las cosas no se están haciendo bien es el hecho de que lo único que ha trascendido de la exposición del Anteproyecto es precisamente lo que menos relación tiene con la sostenibilidad y que por tanto es un parche en este contexto: la famosa disposición adicional primera sobre los derechos de autor y las consecuencias en internet, que ha movilizado a blogueros e internautas hasta hacer tambalear al propio gobierno. Si éste es el único músculo social que ha movido el anteproyecto, es porque las cosas no se están haciendo bien. Los pronunciamientos fundamentados sobre la ley son tan escasos que revelan una escasa recepción y comprensión por parte de la sociedad. Para la mayor parte de la población, incluida la clase política, la sostenibilidad sigue siendo una entelequia, un sin sentido y probablemente no sea éste el mejor momento de plantear estas cuestiones de forma vertical cuando lo urgente ahora para muchísimas familias es cómo lograr salir adelante. En cambio, el momento sí es clave para empezar el debate de una manera más horizontal y sosegada, sin los apremios de la supervivencia.
Y si nos vamos al fondo de la Ley, pues no convence. No es que sean despreciables muchos de sus apartados relativos a aspectos tan deseables como los cambios hacia modelos energéticos renovables y eficientes, la ruptura con el monopolio económico del sector de la construcción (que tanto daño nos ha hecho, pese a las lógicas declaraciones contrarias de los constructores), y reconducirlo hacia la rehabilitación y el fomento del alquiler frente a las eternas hipotecas, la apuesta por la innovación, etc.
El problema es tratar de mezclar el agua con el aceite. Tratar de impulsar una economía sostenible en el marco de una economía liberal. Porque la sostenibilidad no puede desarrollarse con enfoques tales como el “impulso de la competitividad en el marco internacional”, porque esta apuesta supone ignorar un principio básico de la sostenibilidad: la finitud de los recursos naturales. Como tampoco se sostiene que una ley de estas características pretenda impulsar las grandes infraestructuras, con todo lo que esto supone de apuesta por el transporte de largo recorrido y de velocidad, y los costes ambientales que conlleva en cuanto a la destrucción de hábitats y biodiversidad, contaminación y sus efectos en el cambio climático, etc. O que junto al impulso de las energías renovables se acentúe la explotación del carbón, o no se plantee el cierre de ni una sola central térmica, y así sucesivamente.
En conclusión, alabando que por fin se decida un gobierno a entrar en la espiral de la sostenibilidad, lamentamos que este anteproyecto sea más bien un collage, una mezcolanza de disposiciones de diferente enfoque, unas más cercanas a los principios de sostenibilidad, otras más a las tesis del mercado libre y global, que difícilmente pueden conciliarse. Tal pareciera que los componentes del equipo redactor no hubieran partido de una concepción consensuada acerca de lo que es el desarrollo sostenible y sus propuestas se hubieran juntado sin más en forma de Anteproyecto, como si de una colcha de parches se tratara. El resultado es una molesta impresión de que lo único que parece preocupar es lograr un “crecimiento sostenido”. Pero esto es lo que han estado haciendo los integristas de la economía neoliberal, los que han puesto al mundo al borde de la ruina y los que intentarán seguir pese a ello, aunque sea disfrazados con la piel del cordero de la sostenibilidad.
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